Internet de las cosas, inteligencia artificial, big data, robótica…
Muchos son los adelantos que se han presentado durante los últimos años con el objetivo de simplificar diversos quehaceres de nuestra vida cotidiana.
Pero si hay algo de lo que ni siquiera la ciencia y la tecnología, por más avanzadas que se encuentren, se han podido salvar es del cumplimiento de las leyes fiscales y tributarias del país donde operan.
Desde la pyme de soporte técnico hasta la firma transnacional de automatizaciones, no hay empresa que escape a sus obligaciones con el Estado, independientemente de su nivel de tecnificación.
Si no que lo digan las compañías asentadas en Costa Rica, donde deben pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), luego de la entrada en vigencia de la Ley Nº 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el pasado 1 de julio del 2019.
Pero exactamente, ¿cómo ha afectado el IVA a la industria? ¿Cuál es su efecto económico? ¿Qué cambios se han tenido que implementar?
Estas son algunas de las preguntas clave para el sector que abordaremos en este artículo sobre el impacto del IVA en la industria tecnológica.
Para iniciar, un poco de antecedentes. Antes del 1 de julio, lo que existía era el Impuesto General de Ventas (IGV), que era de un 13% y solo aplicaba para la compra de productos.
La nueva ley no solo vino a sustituir al IGV por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sino también a hacerlo extensivo a servicios anteriormente no gravables.
Salvo algunas excepciones, ahora pagamos un 13%, 4% o 2% por asesorías, medicina privada, diseño, remodelaciones, estética, esparcimiento y otros.
En lo referente a compra de productos y servicios tecnológicos en el país y en el extranjero -antivirus, licencias, software, programas informáticos, plataformas de entretenimiento- se aplica la tarifa máxima del 13%.
También cubre los servicios de mantenimiento de equipos, desarrollo de programas a la medida, desarrollo de aplicaciones y mantenimientos de red.
Aunque el objetivo de la ley es positivo al pretender aliviar la frágil situación de las finanzas públicas, lo está haciendo a costa de la rentabilidad y competitividad de muchas empresas, incluyendo las de tecnología.
Esto se traduce en un mínimo de tres horas de trabajo, lo cual, según el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, significa una erogación mensual de unos ¢72.500 (la hora profesional está fijada en ¢24.163).
Otro punto a tomar en cuenta es que quien asume el pago de IVA es el cliente y el proveedor solo se limita a recaudar, generando un incremento considerable en el precio de los servicios.
Veamos el impacto del IVA en la industria tecnológica, reflejado en un caso hipotético. Supongamos que usted tiene una pequeña empresa de software dedicada a la venta de licencias dentro y fuera del país.
Aunque para las exportaciones no percibirá ningún cambio –el impuesto es territorial y por tanto no aplica para consumos en el exterior-, en lo referente a las ventas locales, estas sí están sujetas al IVA, en su tope máximo de 13%.
En términos prácticos, esto quiere decir que, si antes del 1 julio, usted vendía una licencia a 200 dólares, después de esa fecha debe sumarle los 26 dólares de impuesto, para un total de 226 dólares (más de ¢15.000 de diferencia con respecto al precio original)
Frente a este panorama, el proveedor se enfrenta a dos escenarios igualmente complicados. Uno es absorber el costo del IVA y el otro es bajar la tarifa del servicio de manera que el cliente siga pagando lo mismo o se le traslade una parte del impuesto.
En ambos casos, estaría sacrificando rentabilidad y competitividad a cambio de no afectar la capacidad de consumo del cliente.
Uno de los pasos previos a la implementación del IVA con el fin de reducir la evasión impositiva, fue la adopción de la factura electrónica obligatoria, desde el 2018.
Con todo y los beneficios que esto conlleva para el contribuyente como mayor seguridad e integración de las operaciones, no deja de ser una inversión adicional.
Si bien existe la plataforma gratuita de Hacienda, hay quienes prefieren contratar uno de los 26 proveedores autorizados para brindar el servicio, cuyo costo puede ser de hasta ¢50.000 para la emisión de 1.000 documentos.
Hasta aquí ya llevamos los ¢72.500 mensuales de honorarios profesionales del contador, más los ¢50.000 del paquete de facturación electrónica, para un total de ¢920.000 al año.
Y si a esto le agregamos la capacitación del personal y la eventual implementación de sistemas de gestión empresarial tipo ERP, la suma podría tornarse millonaria.
¿Qué otros efectos han tenido la nueva ley en las empresas de tecnología? ¿Cuál es la mejor estrategia para enfrentarlos sin comprometer la estabilidad y solvencia futuras?
Díganoslo en los comentarios y continuamos discutiendo sobre el impacto del IVA en la industria tecnológica en Costa Rica.
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